Del Plató a los Tribunales
En 2009 y 2012 se desarrollan dos acontecimientos que marcarán el derrumbe de los estudios hasta el día de hoy: el enfrentamiento entre la empresa pública y la que era su socia y gestora Aguamarga; y la sentencia de la Comisión Europea. La Generalitat conseguirá salir airosa, al menos, de uno de ellos.
Un año después de que García Berlanga enfermara de gravedad, Aguamarga dejó de recibir el canon mensual correspondiente por contrato. Tras reclamarlo durante varios meses sin recibir respuesta del equipo de Ciudad de la Luz; a principios de 2010, la gestora decide exigir en el juzgado la deuda.
A esta medida, la directora del complejo reaccionó tajantemente. Elsa Martínez rescindió por ambas partes el contrato. Para asegurarse de la efectividad de la decisión envió cartas a los proveedores advirtiéndoles de que, a partir de entonces, sería la empresa pública quien gestionaría los estudios.
Los anteriores socios del complejo se enfrentan actualmente en los tribunales
Lo que sucedió para que se acabaran tan bruscamente las relaciones entre las empresas asociadas, nuevamente, tiene dos versiones muy diferentes. Pero solo una de ellas cuenta con una sentencia a favor, la Generalitat. Elsa Martínez explicó en el juicio que tuvo lugar en mayo, que rescindió el contrato porque la gestora lo había incumplido en varias ocasiones. En concreto, al no presentar el informa de objetivos y al no conseguir producciones, su principal función. Además, afirma que les debían dinero de un préstamo que aún no se le ha devuelto, y por ello no se les pagó ninguna indemnización.
La gestora está obligada a pagar 1.200.000 euros a Ciudad de la Luz por incumplimiento del contrato, según ha considerado el Juzgado número siete de Alicante. Ciudad de la Luz se ve liberada, por fin, de lo que supondría un lastre para la venta. Si la gestora hubiese vencido, la Generalitat tendría que intentar vender el complejo con la condición de que quien lo comprara tuviese que aceptar a la empresa Aguamarga como administradora.
Para la gestora, no obstante, el juez no tuvo en cuenta que el contrato que ellos firmaron es de asesoramiento y explotación experimental, es decir, que no estaban obligados a conseguir un número determinado de clientes. Sobre el informe de objetivos, Javier González, consejero delegado de Aguamarga, opina que es una excusa que ni siquiera pueden probar porque sí que se le envió. “Diciéndolo cinco años más tarde no tiene ninguna credibilidad; es una excusa simplemente porque no pueden explicar por qué no nos pagan”, afirma. Además añade con indignación que la muerte de Berlanga influyó en el fin de sus relaciones. “Si Berlanga estuviera aquí no se hubieran atrevido. Utilizar la muerte de una persona para esto me parece muy bajo, muy carroñero y muy ruin”.
A pesar de la sentencia, la administradora no se da por vencida. Ha recurrido la sentencia y asegura que tiene derecho a quedarse en los estudios hasta que se completen las tres fases del proyecto (aún se encuentran en la segunda) más otros 66 meses después, que es lo que estipula el contrato. González considera que, realmente, la Generalitat reaccionó así porque se vio con el agua al cuello y, frente a las deudas, la única solución que encontraron era la venta. Lamenta que no se intentará llegar a un acuerdo formal y pacífico, en lugar de rescindir el contrato a sus espaldas.
Mientras la Justicia se toma su tiempo, Aguamarga permanece en los estudios aceptando producciones que, aseguran, la Generalitat intenta boicotear para hundirles económicamente para librarse de ellos. Desde 2011, Javier González, dice haber conseguido llevar a cabo cuatro de las 20 producciones que estuvieron interesadas porque el Gobierno Valenciano las ahuyenta.
Aguamarga no tendrá que luchar solo contra la Generalitat para quedarse en el complejo. La Comisión Europea urge al Gobierno valenciano a vender lo antes posible los estudios desde que su investigación concluyese que la inversión realizada falseaba la competencia y perjudicaba al mundo audiovisual europeo.
Su decisión se basa en que un inversor privado en el lugar de la Generalitat nunca hubiese apostado por el proyecto. Elsa Martínez, asume que es cierto que con dinero público se financiaban esas ayudas directas, pero que estas se concedían a través de una empresa privada, Aguamarga, que era la gestora. "Esto abre un debate porque se puede interpretar la legislación de muchas formas y, en este caso, se ha interpretado de la manera más restrictiva".
Además, al CE añade que no era necesario este nuevo operador habiendo otros es España. Tampoco considera lógico el emplazamiento teniendo en cuenta la escasa densidad de profesionales e infraestructuras cinematográficas en Alicante comparadas con las de Madrid o Barcelona.
Según la normativa de la UE en materia de ayudas estatales, solo sería legal esa inverisón si se hiciera en condiciones que pueda aceptar un inversor privado (PIEM) o si persigue un objetivo de interés común, como el desarrollo regional, económico o cultural. El Gobierno Valenciano observa una clara justificación social porque impulsaba a los artistas valencianos y a la industria autóctona, pero la realidad es que ellos no opinan lo mismo. “No han contado con los profesionales valencianos a la hora de diseñar el proyecto y la mayoría han disfrutado de pocas oportunidades porque el reparto ya venía hecho” explica Ferrán Gadea, Presidente de la Asociación de Actores y Actrices del País Valenciano (AAPV).
Igualmente, Pablo Riquelme, alumno veterano del Centro de Estudios de Ciudad de la Luz asegura que no se han fijado en la cantera de profesionales que ellos mismos preparaban. “Hay muchos alumnos con ganas de aprovecharlos y, que yo sepa, no ha habido ningún estudiante de la escuela que haya podido grabar en los estudios de cine de Ciudad de la Luz”. No obstante, aunque se les hubiese tenido en cuenta, Bruselas considera que no era necesario gastar 265 millones en crear el mejor complejo cinematográfico de Europa para apoyar el cine valenciano.
Por estos motivos, la UE concluyó que se falseaba la competencia, algo con lo que Elsa Martínez no está de acuerdo. La ex directora ve que el problema se encuentra en que Ciudad de la Luz era una empresa pública y asume que es cierto que, con dinero público, se daban ayudas directas. Pero resalta que estas se concedían a través de una empresa privada, Aguamarga, que era la gestora. "Esto abre un debate porque se puede interpretar la legislación de muchas formas y, en este caso, se ha interpretado de la manera más restrictiva".
El Tribunal Superior de Justicia Europeo exige al Estado que devuelva el dinero invertido a las arcas públicas. La Generalitat necesita vender el complejo para conseguir ese dinero; pero Europa no dejará que lo haga de cualquier forma. Aún se está estudiando el pliego de condiciones que Bruselas impondrá a su venta, que puede espantar a los que se habían figurado como posibles compradores.