Desde que en 1998 se aprobó el Plan Especial por el que se expropia el terreno donde se construirían finalmente los estudios, los propietarios del barrio Aguamarga de Alicante han luchado en varias ocasiones por defender sus terrenos. Durante muchos años no consiguieron paralizar las obras pero en 2011 sus esfuerzos dieron fruto.
La expropiación partió de un error de base: no se especificó el uso público que se le daría a las hectáreas. En ese fallo se fundamentó la decisión del Tribunal Supremo en 2011 en la que sentencia, después de doce años de encuentros judiciales, que el embargo del terreno no debería haberse llevado a cabo en esas condiciones. Ahora la Generalitat está obligada a devolver el suelo a los propietarios o darles una indemnización millonaria.
El abogado de varios de los propietarios, Ricard Sala, se satisface de la última sentencia con la que coincide plenamente. “Expropiar sí es legítimo para el Estado, pero expropiar con un motivo debidamente justificado”. En el proyecto inicial se habla primeramente de un complejo metropolitano. Más tarde pasa a ser un complejo lúdico metropolitano; y solo un año después cuando ya está en marcha el proceso de expropiación, deciden que va a ser algo relacionado con el cine.
Aguamarga se convierte en tierra de nadie
La sentencia favorable a los dueños de las fincas llega tan tarde porque anteriormente ha pasado por otros juzgados que han dado la razón a la Consellería de Urbanismo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) vio suficientemente justificada la acción.
Según la memoria del proyecto, la Generalitat justificaba la legitimidad de su decisión haciendo uso del artículo 99 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que establece que “los Ayuntamientos, las entidades locales supramunicipales y la Generalitat, en previsión de la ampliación de sus patrimonios públicos, podrán reservarse áreas para legitimar en ellas la expropiación de bienes inmuebles cualquiera que sean la clasificación o calificación urbanística”. Un artículo que Sala opina que es de “interpretación muy amplia” y que igualmente no estaría en pleno derecho de aplicar si no se justifica adecuadamente. Con este artículo, e incluso antes de que se aprobara definitivamente el Plan Especial de Ciudad de la Luz, ya se comenzó a trabajar sobre los terrenos de la Fase A, que junto con la Fase B sumaban 2.300.000 m².
Algunos de los vecinos del Barrio de Aguamarga aceptaron el realojo en otras viviendas, pero la mayoría no quedó contenta ni con la reubicación ni con la cantidad con la que se les reparó en cada caso respectivamente. Por ello se movilizaron a través de la Plataforma de Afectados de Aguamarga.
Los afectados llevaron a cabo dos acciones: por un lado un grupo denunció que la cantidad con la que se les había subsanado no era suficiente, ya que el suelo valía más de cómo se había tasado. A este grupo el TSJ acabó por aceptar sus demandas y finalmente la Generalitat debía pagarles una compensación que la Sindicatura de Comptes valoraba en 42 millones de euros. Otro grupo de tres afectados fueron los que consiguieron en 2011 que se invalidara el embargo.
Actualmente aún está pendiente de ejecutarse la sentencia. La decisión final, entre indemnizar a los propietarios por el perjuicio o devolverles las hectáreas depende del TSJCV. El Tribunal ha permitido a la Abogacía de la Generalitat que sea ella quién proponga la modalidad que prefiera y ésta ha decidido devolver el terreno que no ha sido ocupado por los estudios y al resto de propietarios abonarles a cambio una cantidad que estaría fijada por el TSJCV.
Si el TSJCV acepta esta propuesta, las arcas valencianas se ahorrarían un cuantioso desembolso, ya que solo fueron ocupados 800.000 m² de los 2.300.000 m². El problema es que de esta manera, los propietarios se verían obligados a devolver la compensación que habían recibido porque recuperarían el terreno, es decir, el motivo de esa indemnización; y muchos de los vecinos de Aguamarga ya no cuentan con ese dinero.
La Consellera María José Catalá además, ha asegurado que devolverá los terrenos pero aún no sabe ni cómo ni cuándo. Igualmente, aún está por ver el dinero que le adeuda los terratenientes por el tiempo que la Generalitat ha dispuesto del terreno aunque se lo devuelva. La solución jurídica es mucho más compleja, por lo que “aún pueden pasar años” hasta que se resuelva definitivamente, afirma Sala. “Después de 15 años algunos de los vecinos han fallecido, y aún puede que nos queden cinco años más”.
Una compleja situación más que sumar a las complicaciones de Ciudad de la Luz, pero del que la Consellería no podía decir que no estaba advertida. La Sindicatura de Comptes lleva advirtiéndole desde 2003 hasta 2009 de que debería, al menos, crear un fondo para las posibles indemnizaciones en el caso de que perdiera el contencioso contra los dueños del suelo, como finalmente ha ocurrido.